Colombia/EEUU: A propósito de la carta de Carlos Ledher

Por: Campaña contra la extradición de los presos políticos

Recientemente la hija de Carlos Ledher sorprendió a la comunidad colombiana con una carta escrita desde la prisión por su padre, en la que reclama que le concedan rebajas a su pena, por su colaboración que brindó en el caso Noriega. Mónica Ledher, además denunció ante varios medios de comunicación que desde hace siete años no ve a su padre, porque el gobierno norteamericano le negó la visa.

Carlos Ledher fue extraditado a los Estados Unidos en 1987, esto es, hace 23 años. Desde entonces, su caso parecía olvidado y ante el llamado de atención de su familia, surgen de nuevo interrogantes que merecen la reflexión de los colombianos. El ex capo afirma que por su colaboración y negociación con la “Justicia” norteamericana su pena debió rebajarse a 30 años de prisión por lo que su libertad condicional la debieron reconocer hace dos años, es decir, cumplidos físicamente en prisión 21 años, pero que a la fecha no le han otorgado este derecho, por lo que pide a Uribe –el presidente que entre otras cosas ha sido célebre también por el número récord de extraditados a los EEUU – que lo repatrie a Colombia.

Ante este caso, Francisco Echeverry, de la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación afirmó que, una vez la persona es extraditada, es poco lo que el gobierno colombiano puede hacer y no se explica por qué Ledher no ha sido deportado.

Carlos Ledher hacía parte de la gran mafia del narcotráfico. Sus riquezas eran incontables, lo mismo que sus relaciones con poderosos personajes de la vida política de este país. Así que fácilmente puede deducirse que tenía capacidad de negociar, no sólo por contar con recursos económicos sino porque tenía suficiente información que interesaba a las autoridades judiciales gringas para negociar sustanciales rebajas de pena. Hoy, el otrora narcotraficante se considera “traicionado” y en efecto, todo parece indicar que sus garantías judiciales se han ido al traste ante la mirada silenciosa, pasiva y cómplice del gobierno colombiano.

Así que, apartándonos de este caso que ha adquirido cierta connotación nacional e internacional, vale la pena mirar o siquiera imaginar aquellos procesos de campesinos y trabajadores humildes que han sido extraditados sin fórmula de juicio en Colombia, y quienes a diferencia de Carlos Ledher no tienen ni dinero, ni abogados, ni información para entregar. Si el aparato de “justicia” gringo le desconoce las garantías a quien tenía la condición o el estatus para negociar, como Ledher Rivas, ¿qué trato le ofrece a quienes se encuentran en total indefensión, como Gabriel Consuegra (padre e hijos) que no tuvieron más alternativa que la aceptación de cargos para obtener su libertad y volver a su patria?

Aparte de lo anterior, no puede olvidarse que el narcotráfico ha estado muy ligado a las estructuras de poder económico, político y militar (legal e ilegal) de nuestro país (poder que, también vale recordar, ha sido consolidado con la orientación y asesoría imperialista). Varios de los capos extraditados (entre ellos los 14 comandantes paramilitares) se han considerado amigos del Gobierno o al menos del gobernante de turno, y por esta y otras razones hoy reconocen abiertamente que han sido traicionados por Uribe y los mismos gringos; así que cabe preguntarse, ¿qué tratamiento ha de merecer quien es considerado de entrada un enemigo natural del poder tanto gringo como colombiano –como los integrantes de organizaciones rebeldes– que además no están dispuestos a negociar con la autoridad judicial norteamericana?

¿Qué puede esperar por ejemplo Simón Trinidad del estado del Norte, aparte de la violación flagrante de sus derechos humanos más elementales, lo cual ya se ha dado ante la mirada complaciente del Gobierno Nacional?

Rebeldes confesos como Simón Trinidad y Sonia, o supuestos colaboradores de las organizaciones guerrilleras como Luz Mery Gutiérrez y Ana Isabel Arévalo, quienes no son más que civiles humildes (víctimas de las muy cuestionadas detenciones masivas) que han sido extraditados a los Estados Unidos atribuyéndoseles el delito de colaboración con una organización “terrorista” (es el caso de las últimas mencionadas), ¿pPueden esperar un trato justo o un juicio imparcial de las autoridades norteamericanas? ¿Pueden esperar que el gobierno colombiano vigile la protección de sus derechos humanos? Por supuesto que no, si por el contrario sus extradiciones han sido usadas como formas de presión a las organizaciones rebeldes, por un lado, y por el otro como casos ejemplificadores para toda la población colombiana.

Todos ellos son asumidos como enemigos del Gobierno, y esta consideración va más allá de las garantías y derechos reconocidos universalmente. Por esta razón el respeto de las mismas es un aspecto secundario para quienes hoy los tienen a su disposición.

A manera de conclusión: Los grandes capos extraditados por el gobierno colombiano han sido pocos y nuestro país sigue siendo un importante productor de cocaína en el mundo. Aunque en la era Uribe se han extraditado más de mil ciudadanos colombianos a los EEUU, el gran y rentable negocio del narcotráfico sigue intacto, luego, la efectividad de la extradición como un mecanismo para combatir este flagelo es realmente cuestionable. Más inquietante aún resulta la absoluta facilidad con la que un nacional es enviado a un país extranjero y la falta de controles o seguimiento a sus casos por parte del Gobierno, para el que quien es extraditado parece perder la calidad de nacional colombiano.

Especial cuidado merece el análisis sobre el uso de la extradición contra los detractores del Gobierno y la preocupante forma en que se vienen extendiendo la aplicación de esta figura, no sólo contra quienes pertenecen a las organizaciones rebeldes sino también contra sus supuestos colaboradores, pues bajo tal rótulo han sido clasificados campesinos, obreros, sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, a quienes se les somete con frecuencia en Colombia al rigor de las prisiones (made in USA).

Este tipo de abusos, sumado a la aplicación del derecho penal de enemigo que se ha hecho evidente en los últimos años, concretado en políticas como la de “lucha global contra el terrorismo”, deben constituir un campanazo de alerta para la población en general, razón por la cual llamamos nuevamente la atención para oponerse a la extradición de los presos políticos, toda vez que ello conlleva un mensaje peligroso que habla de constituir este “mecanismo de cooperación judicial” en una nueva forma de represión.

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