Colombia: Víctimas se esforzarán para llevar ante los tribunales nacionales o internacionales a Uribe

Familiares de sacrificados de crímenes de estado rechazan la continuidad de la política de ‘seguridad democrática’ y objetan las promesas de impunidad que aspirantes a la Presidencia le están ofreciendo al actual mandatario

Por Camilo Raigozo

Este sábado 6 de marzo, en el Parque Santander, en el centro de Bogotá, se concentraron al menos 200 personas familiares de víctimas de de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos y demás crímenes del terrorismo de estado, como desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, entre otros.

Por unanimidad la muchedumbre rechazó la continuidad de la criminal política de “seguridad democrática”, bandera del presidente Uribe. “No aceptamos esa política porque con ella han sido asesinados miles de jóvenes en Colombia”, dijo el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda.

“Por eso decimos no a la política de ‘seguridad democrática’. Por el contrario llamamos a redoblar esfuerzos para llevar ante los tribunales nacionales o internacionales al principal responsable de esa política quien es hoy presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Desde esa perspectiva no aceptamos tampoco que se hagan promesas de impunidad al saliente presidente de la República”, advirtió Cepeda.

“No aceptamos que se borre de la memoria del pueblo colombiano, todos los métodos ilegales, los incesantes episodios de corrupción, las miles de violaciones de derechos humanos que se han cometido en los últimos ocho años”, agregó el dirigente de las víctimas.

El defensor de derechos humanos también observó que las víctimas del Estado son las de los mal llamados falsos positivos, las desapariciones forzadas, los millones de desplazadas y desplazados, que ha dejado la “seguridad democrática” en Colombia.

Agregó que “también las víctimas del Estado somos todos los ciudadanos que hemos visto como este gobierno acaba con cualquier posibilidad de acceso al sistema de salud. Son víctimas del Estado las personas que han perdido su trabajo durante estos años, a las cuales la Ley 50 y la Ley 60, de 1990, les ha quitado la posibilidad de un trabajo digno”.

“Son víctimas del Estado los cientos de miles de jóvenes que se quedan sin la posibilidad de estudiar en la universidad pública. Son víctimas del Estado todas aquellas personas que tienen que sufrir la pobreza y la indigencia, por obra de la política de este gobierno”.

“Por eso salimos a la calle hoy, no solamente a recordar a nuestras víctimas, sino también a manifestar que haremos todo lo necesario para que no solamente se acabe el gobierno de Uribe, sino que también se acabe el régimen que él ha creado en Colombia”.

“Aquí estamos y aquí seguiremos. Aquí estamos y buscaremos por todas las vías legislativas, políticas y judiciales, la verdad, la justicia y la reparación”, aseveró finalmente Iván Cepeda.

La política de “seguridad democrática” de Uribe ha dejado los siguientes guarismos: La Ley de “Justicia y Paz” se ha caracterizado por su alto grado de impunidad, ya que de los 35.353 paramilitares supuestamente desmovilizados, sólo 698 están siendo procesados, es decir apenas el 1,98%. Y lo que es peor, solo uno ha sido condenado.

Al final de 2009 los ‘paras’ contabilizaban más de 11 mil criminales armados, sin que el régimen y sus fuerzas de seguridad tengan la mínima intención de combatirlos. Por el contrario, la infiltración paramilitar se está comprobando en todas las esferas del Gobierno.

Por vínculos con los ‘paras’, más de 133 congresistas y ex congresistas están siendo investigados, un gobernador, 10 alcaldes, seis concejales, 14 ex gobernadores, 15 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría uribistas.

El régimen insiste en la legalización y mimetización del paramilitarismo en la sociedad. Continúa la constante infracción al derecho internacional humanitario, materializado en la utilización de la población civil en el conflicto armado en diferentes modalidades, a saber:

Red de informantes, soldados por un día, familias guardabosques, estudiantes informantes, soldados campesinos y taxistas informantes, entre otras formas de involucrarse.

El Movice ha sido víctima de una política sistemática de agresión. Al menos 170 acciones criminales se han presentado contra sus miembros, entre asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones y estigmatizaciones, por parte de agentes del Gobierno. En sólo el 2008, la Procuraduría recibió 824 denuncias.

Los familiares de las víctimas le recordaron a Uribe que en su “seguridad democrática” han sido extraditados 23 cabecillas paramilitares, con el único objetivo de ocultar la verdad sobre esta estrategia criminal contra el pueblo colombiano.

Finalmente le reclamaron a Uribe que, en su gobierno, al menos 2,4 millones de personas fueron desplazadas forzadamente de sus territorios, casi la mitad de la suma de desplazados en los últimos 25 años, la cual suma más de 4,9 millones de personas desplazadas en el país.

La mayoría de desplazamientos se han dado por la siembra de palma, la gran minería y la extracción de petróleo. Un reflejo de la política de “seguridad democrática” son las más de 2.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública, las cuales están siendo investigadas por la Fiscalía.

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